Mines de Sallent i Balsareny
Barcelona | España
Las minas de potasa de Sallent y Balsareny (explotadas conjuntamente con las de Súria), han provocado la salinización del río Llobregat, afectando también a pozos, fuentes y acuíferos de toda la comarca del Bages, lo que ha llevado a varios procesos judiciales por delitos ambientales.
Ficha de proyecto
| Estado | Mina subterránea en suspensión | |
|---|---|---|
| Concesión | Generalitat de Catalunya 1919, 1921, 1925, 1929, 1943, 1966, 1967 | |
Las minas de Sallent y Balsareny-Vilafruns se explotaron de forma independiente hasta 1945 y luego conjuntamente hasta su cierre en 2020. El plan de restauración de 2018 establecía un periodo de 50 años para extraer y vender la sal de las escombreras, y solo al cabo de este periodo se llevaría a cabo la restauración. | ||
| Minerales | NACL MIN | |
Se trata de una mina de potasas, que extrae fundamentalmente carnalita, silvinita y halita. | ||
Propietarios
| Empresa | Origen | Inicio | Fin |
| Sociedad Minera S.A. | Spain | 1928 | 1945 |
| Deutsche Kalisyndikat GmbH | Germany | 1928 | 1945 |
| Minas de Potasa de Sallent S.A. | Spain | 1929 | 1932 |
| Potasas Ibéricas, S.A. | Spain | 1932 | 1972 |
| Unión Explosivos Río Tinto S.A. | Spain | 1972 | 1982 |
| Potasas del Llobregat S.A. | Spain | 1972 | 1982 |
| Instituto Nacional de Industria / SEPI | Spain | 1982 | 1998 |
| ICL Israel Chemicals Ltd. | Israel | 1998 | |
| Iberpotash, S.A. | Spain | 1998 |
Escombrera de El Cogulló
Infracciones ambientales
Contaminación cauces Contaminación aguas subterráneas Subsidencia inducida Impactos en la agricultura/pesca Disponibilidad / consumo de agua Mala gestión depósitos de residuos Falta de restauraciónLa minería de potasas ha creado enormes escombreras de residuos (llamadas en catalán 'runams'), compuestas en su mayoría por cloruro de sodio (83%), que por el agua de lluvia y la humedad del aire se disuelven a un ritmo de unas 1.000 toneladas diarias convirtiéndose en salmuera contaminante. La parte de esta salmuera que tras filtrarse en las aguas subterráneas no se consigue captar y conducir hasta el Mediterráneo a través del colector de salmueras, saliniza fuentes, arroyos, pozos y ríos en la cuenca del Llobregat.
En Sallent, la escombrera de El Cogulló ocupa 48 hectáreas almacenando más de 45 millones de toneladas de residuos. En 2019 se dictó una resolución judicial ordenando a la empresa a restaurar la escombrera de El Cogulló. Sin embargo, el plan de restauración de 2018 establece que la restauración sólo se llevaría a cabo tras un periodo de 50 años en el que la empresa transformará en salmuera y enviará al mar a través de un nuevo colector la sal extraída de las escombreras.
La salinización ha obligado a las empresas suministradoras de agua a incorporar sistemas de osmosis inversa para reducir el contenido de sales en el agua en sus dos grandes plantas potabilizadoras que abastecen la metrópolis de Barcelona, con un coste adicional de 3 millones de euros al año. Los frecuentes vertidos accidentales de salmuera del colector de la cuenca del Llobregat, que actualmente recoge y vierte al mar la mayor parte de la salmuera de origen minero, han causado numerosos daños en los hábitats ribereños.
Iberpotash fue condenada en 2015 por los vertidos de aguas salinas procedentes de las escombreras de residuos, que afectaban y continúan afectando arroyos, fincas agrícolas y al suministro de agua de la zona metropolitana de Barcelona. La sentencia condenaba a 2 años de cárcel a los directivos, establecía reparaciones económicas para las comunidades afectadas y obligaba a reparar el 'desastre ecológico provocado'.
En Sallent ha sido necesario evacuar barrios enteros por el riesgo de subsidencia causado por la explotación subterránea.
Escombrera de El Cogulló
Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración
Operación o permisos ilegales Ausencia de EIA (o EIA transfronteriza) Omisión de impactos en EIA/DIA Plan de restauración inadecuado Falta de garantías financieras Falta de supervisión administrativaLa escombrera de El Cogulló fue autorizada por el Ministerio de Industria en 1977, al abandonarse la antigua escombrera de Botjosa. Tras décadas de contaminación, en 2003 la Fiscalía solicita la clausura cautelar de los vertidos de residuos salinos en la escombrera de Cogulló por indicios de delito ecológico, que es desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
En 2008 la Generalitat otorga autorización ambiental a la explotación minera de Sallent, con una irrisoria fianza de 1,1 millones de euros. En 2011 el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dicta sentencia determinando que el plan de restauración de El Cogulló no es creíble y la fianza insuficiente, y en 2013 una nueva sentencia anula la autorización ambiental por falta de evaluación de impacto ambiental. Ambas sentencias son ratificadas por el Tribunal Supremo en 2014 y 2015.
En paralelo, la Comisión Europea inició un procedimiento de infracción contra el Estado español por presunto incumplimiento de la Directiva 2006/21/CE de gestión de residuos de las industrias extractivas por las escombreras de Iberpotash. La Comisión Europea determinó la 'clara insuficiencia' del aval inicialmente impuesto, posición confirmada por el Tribunal General de la Unión Europea en sentencia de 2020.
Por otra parte, la modificación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal de Sallent aprobada en 2010 para legalizar la escombrera también es anulada por otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en 2013.
En 2017 la Generalitat otorga una nueva autorización ambiental a la explotación y una Declaración de Impacto Ambiental favorable con medidas correctoras al 'Proyecto de crecimiento del depósito salino de Cogulló desde 1988'. No obstante, en 2019 se produce la parada definitiva del vertido de residuos en la escombrera de El Cogulló y un año más tarde la extracción minera en la mina de Vilafruns (Sallent - Balsareny).
Escombrera de El Cogulló
Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa
Ingeniería socialLa empresa minera financia a diversas entidades sociales y eventos culturales en la comarca del Bages, además de patrocinar equipos deportivos. También ha promovido el establecimiento de la Fundació Cardona Històrica, responsable por el 'Parc Cultural de la Muntanya de Sal', creado en 2003 para formar una visión positiva de la minería. En 2007 también promovió la creación de la Càtedra Iberpotash en Mineria Sostenible en la Universitat Politècnica de Catalunya. Existe una Plataforma Social de Apoyo a la Minería y la Actividad Industrial en la Catalunya Central (ProMineria) creada para dar apoyo al proyecto minero.
Escombrera de El Cogulló
Condiciones de trabajo y derechos laborales
Malas condiciones de trabajoLos sindicatos han denunciado y organizado huelgas contra las malas condiciones de trabajo, que a menudo han provocado accidentes, incluso mortales.
Financiación pública
Financiación de la UE Financiación nacionalLa Comisión Europea y el Tribunal General de la UE sancionaron al Estado español y a Iberpotash por la adquisición ilegal de ayudas públicas otorgadas por el Estado y la Generalitat de Catalunya. El Tribunal General ratificó que “la empresa no asumió los gastos de protección medioambiental que otros competidores del sector minero asumen en la UE”, lo que representaba un “trato de favor frente a sus competidores”, y condenando a la empresa a devolver más de 5,8 millones de euros. A pesar de esto, la propia Comisión permitió que Iberpotash coordinase el proyecto europeo HERMES (2015-18) de 6,7 millones de euros. Iberpotash continúa recibiendo millones de euros cada año del mecanismo de compensación de costes de emisiones indirectas de CO2.
Uso de mecanismos de denuncia
Quejas / recursos administrativos Mecanismos internacionales Denuncias penalesEn 1997 se inició una investigación policial como resultado de las denuncias de organizaciones vecinales y ecologistas, resultando en un largo proceso penal que concluyó con las sentencias condenatorias del Juzgado de Manresa en 2014 y confirmatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona de 2015.
Los movimientos cívicos también elevaron denuncias ante la Comisión Europea y el Síndic de Greuges, además de presentar decenas de recursos judiciales y administrativos así como alegaciones a los distintos planes y proyectos.