Minas de San Finx
A Coruña | España
Mina con un largo historial de contaminación por metales pesados, que afecta a la ría de Muros - Noia y sus bancos de marisqueo. Reabierta en 2009 sin evaluación de impacto ambiental y dejando las presas de residuos abandonadas sin restaurar. Abiertos procesos penales por delitos de contaminación y prevaricación.
Ficha de proyecto
| Estado | Mina subterránea en suspensión | |
|---|---|---|
| Concesión | Xunta de Galicia AC/C/124, 127, 253, 335, 336, 586, 607, 783, 1038, 1092, 1027, 1218, 1219, 1240, 1241, 1323, 1461, 1529, 1687, 6091 | |
Abandonada entre 1990 y 2007, sus concesiones se mantuvieron vigentes ilegalmente. Reabierta en 2009, operando hasta 2013, cuando la empresa quebró. Adquirida por Sacyr en 2015 pero obligada a suspender las labores en 2018 por falta de permisos. Las operaciones han permanecido suspendidas desde entonces. | ||
| Minerales | W Cu Sn | |
Hay presencia de minerales radiactivos en el yacimiento, incluido uranio. | ||
Propietarios
Recogida de marisco en la ría de Muros - Noia, a 7 km aguas abajo de la mina
Infracciones ambientales
Contaminación cauces Drenaje ácido de minas (AMD) Contaminación por ruido/vibración Impactos en la agricultura/pesca Disponibilidad / consumo de agua Mala gestión depósitos de residuos Falta de restauración Impactos en Red Natura 2000 Impactos en la salud humana Patrimonio culturalEn una carta abierta enviada por más de 230 ONG europeas a la Comisión Europea en 2020, la mina de San Finx es referida como ejemplo de 'incumplimiento sistémico en relación con los operadores mineros en los Estados miembros de la UE'. La contaminación por metales pesados de los achiques de mina y escombreras tiene un impacto significativo sobre el río contiguo y la ría de Muros - Noia (en Red Natura 2000), situada a tan solo 7 km aguas abajo. La ría es una zona muy importante de marisqueo que proporciona sustento a más de 1.500 familias. Las concentraciones de cadmio, cobre y zinc superan los límites permitidos. El cadmio es una sustancia cancerígena. Desde la reapertura de la explotación en 2009, los drenajes de mina se vierten directamente al río sin permiso de vertido ni ningún tratamiento eficaz. Dos presas de residuos mineros permanecen abandonadas con riesgo de fallo crítico. Otras labores mineras previas incluyendo chemineas y pozos no se han restaurado y suponen un riesgo significativo. Las labores subterráneas han afectado a las comunidades cercanas debido a la vibración del suelo inducida por las explosiones y al descenso del nivel freático. La escombrera afecta a los restos de una capilla medieval.
Presa de residuos abandonada
Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración
Ausencia de EIA (o EIA transfronteriza) Plan de restauración inadecuado Falta de garantías financieras Falta de supervisión administrativa Corrupción en infracciones administrativasEn 2009 fueron aprobados un nuevo proyecto de explotación y un plan de restauración sin someterlos a una evaluación de impacto ambiental. Estos proyectos no abordaban la contaminación asociada al drenaje ácido de minas y no preveían su tratamiento antes del vertido al río contiguo. También se excluyeron del plan de restauración diversos pasivos ambientales, como las presas de residuos mineros abandonadas, parte de las escombreras y antiguas labores mineras. Se impuso una garantía financiera de apenas 178.000 euros, insuficiente para cubrir tales responsabilidades.
Desde 2009, las autoridades públicas ignoraron los continuos vertidos de drenajes de mina que provocaron concentraciones ilegales de metales pesados en los ríos afectados y nunca impusieron sanciones ni obligaron a la mina a adoptar medidas de mitigación. Solo en 2016 tuvo la mina que solicitar un permiso de vertido. El procedimiento de autorización de vertido se mantuvo abierto durante 7 años para intentar evitar la imposición de multas.
Las autoridades intentaron encubrir la contaminación y la exclusión de las presas de residuos de la mina emitiendo informes en los que se afirmaba la existencia de un 'fondo natural de metales pesados' y se decía que las presas de residuos formaban parte de una central hidroeléctrica inexistente, y más tarde que servían a un molino de agua. Como consecuencia se iniciaron investigaciones penales. La falta de control administrativo permitió que la mina operara dentro de los niveles inundados en ausencia de un permiso de vertido y superando lo contemplado en el proyecto de 2009, y todavía sosteniendo que no era necesaria una evaluación de impacto ambiental.
Río contaminado aguas abajo de la mina de San Finx
Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa
Obstáculos acceso a información Obstáculos en la participación pública Obstáculos acceso justicia Expropiaciones o ocupaciones Ingeniería socialLa ausencia de una evaluación de impacto ambiental cuando se aprobaron los proyectos en 2009 excluyó la posibilidad de participación pública. Solo en 2016, cuando se tramitó un permiso de vertido de aguas, tuvo el público conocimiento de la magnitud de la contaminación por metales pesados que se estaba produciendo.
La administración minera ha impedido el acceso a la información medioambiental y continúa sin permitir la personación de las comunidades afectadas y ONGs en los procedimientos administrativos existentes. Durante los procesos penales por presuntos delitos asociados a la mina, se denegó inicialmente el derecho de ONGs a la asistencia jurídica gratuita, que solo se consiguió tras un recurso judicial.
Desde 2009, la mina ha mantenido conflictos continuos con las comunidades de montes vecinales en mano común circundantes que afirman que sus tierras ancestrales están siendo ocupadas ilegalmente. En 2016, un incendio intencional que quemó 10 hectáreas en tierras comunitarias ha sido asociado al conflicto.
La mina ha facilitado la creación de un museo minero en el que solo se presenta una visión positiva de la actividad y se hacen afirmaciones sin fundamento sobre su pasado. Con frecuencia se organizan visitas al museo de niñas y niños de colegios cercanos (incluidos los de las comunidades de mariscadores de la ría), que se presenta como atracción turística. Se han gastado más de 2 millones de euros de fondos públicos en el museo minero.
Condiciones de trabajo y derechos laborales
No reconocimiento de enfermedades laborales Uso de trabajadores para coaccionesTungsten San Finx S.L. fue una de las pocas empresas mineras en España que trató de impedir la modificación de la legislación sobre enfermedades laborales para que el cáncer producido por la exposición al carburo de silicio no fuera calificado legalmente como enfermedad profesional.
La legislación de protección radiológica ha sido ignorada tanto por la empresa minera como por la administración pública desde la reapertura de la mina en 2009, sin realizar estudios de radiación ni adoptar medidas de protección radiológica de los trabajadores. En 2021 el Consejo de Seguridad Nuclear exigió la realización de un estudio de seguridad radiológica.
En 2012 Incremento Grupo Inversor S.L. se declaró en quiebra y dejó sin pagar los salarios de los trabajadores de la mina, lo que provocó un encierro. También se han documentado varios accidentes graves, que en un caso dieron lugar a un proceso penal contra la empresa.
Cuando la explotación reanudó sus actividades en 2016, los trabajadores fueron utilizados para enfrentarse a los opositores a la mina y se les pidió que comparecieran en las reuniones del ayuntamiento cuando se cuestionaba la contaminación. Ese mismo año, un incendio provocado en una de las comunidades adyacentes se asoció al conflicto en curso.
Financiación pública
Financiación de la UE Financiación nacionalEntre 2009 y la declaración del concurso de acreedores en 2013, la mina de San Finx recibió más de 2 millones de euros en subvenciones públicas. Esto ocurrió a pesar de los informes técnicos de revisores independientes que cuestionaban la viabilidad del proyecto minero. Parte de las subvenciones, incluyendo fondos de la UE, nunca fueron justificadas. Posteriormente, Sacyr pudo sostener sus operaciones entre 2015-17 mediante la financiación de I+D del Ministerio de Industria-CDTI, recibiendo otros 2,5 millones de euros. La financiación de la UE también se realizó a través de los programas Horizonte 2020 y EIT.
Uso de mecanismos de denuncia
Quejas / recursos administrativos Mecanismos internacionales Denuncias penalesLos procedimientos penales contra la mina por contaminación se iniciaron en 1987 suspendiéndose en 1992, cuando la mina ya había sido abandonada. En 2017, la Fiscalía inició un nuevo procedimiento penal por posibles delitos de corrupción y delito ecológico, que desembocó en una acusación formal y en el cese del jefe de la administración minera. Actualmente varios procedimientos penales continúan abiertos. Las infracciones procesales en estos procedimientos dieron lugar a una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2021 tras un recurso ante el Tribunal Constitucional.
En los últimos años se han presentado cientos de alegaciones, solicitudes y recursos administrativos ante los organismos públicos responsables, mientras que los incumplimientos de los derechos de participación pública y de acceso a la información dieron lugar a una queja formal ante el Comité de Cumplimiento del Convenio de Aarhus de la ONU. También se han presentado varias peticiones y quejas ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Defensor del Pueblo Europeo.
También se han presentado una docena de preguntas parlamentarias, una interpelación mayor y una pregunta prioritaria en el Parlamento Europeo, además de numerosas preguntas y resoluciones en los parlamentos español, gallego, diputación provincial y diversos ayuntamientos, donde se han aprobado mociones relativas a la situación actual de la mina.
Última actualización: 4.11.2023