Proyecto San José Valdeflores

Cáceres | España

Desde el inicio del proyecto en 2016 se ha incurrido en numerosas irregularidades, vulnerando los derechos de participación pública y normas urbanísticas. La empresa ha sido sancionada por diversas infracciones mientras ha desplegado una intensa campaña de ingeniería social en la ciudad de Cáceres, situada a apenas 1 km del proyecto. 

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Ficha de proyecto

Propietarios

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Impactos de la campaña de sondeos en Cáceres Plataforma Salvemos La Montaña de Cáceres

Infracciones ambientales

Falta de restauración Impactos en zonas/especies/hábitats protegidos Impactos en Red Natura 2000 Patrimonio cultural

La mina propuesta se abriría en la Sierra de La Mosca, que está en proceso de ser declarada Paisaje Protegido y está conectada con el espcaio protegido 'Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes', designado como Zona de Especial Protección para las Aves de la Red Natura 2000. La mina propuesta se encuentra a solo 1 km de la ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1986 y con una población cercana a los 100.000 habitantes, y a escasos metros de la ermita de la Virgen de la Montaña, declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

Hasta ahora solo se han llevado a cabo sondeos de investigación, pero la apertura de nuevos caminos y la creación de plataformas para perforaciones causaron importantes daños hasta que la policía paralizó las actividades. La Fiscalía también inició diligencias de investigación penal. Los trabajos de prospección se llevaron a cabo incumpliendo las normas urbanísticas y también el plan de restauración y la Evaluación de Impacto Ambiental que se habían aprobado. Se impusieron sanciones por estos incumplimientos y sus consecuencias. Una sentencia judicial obligó a la empresa a restaurar las zonas afectadas.

Valla publicitaria de la empresa prometiendo más de 1.000 empleos

Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración

Operación o permisos ilegales Vulneración DIA Plan de restauración inadecuado Falta de supervisión administrativa

En 2016 y 2017 se otorgaron dos permisos de investigación en la Sierra de la Mosca. Dichos permisos nunca debían haberse concedido, ya que el planeamiento urbanístico prohibía expresamente las actividades extractivas en los terrenos afectados. Finalmente el otorgamiento fue anulado por haberse limitado indebidamente los plazos de participación pública legalmente exigibles, y cuando se solicitaron nuevamente permisos de investigación, tuvieron que ser denegados a la vista de la incompatibilidad urbanística. Esta decisión fue confirmada mediante sentencia judicial.

A pesar de todo ello, los sondeos y calicatas se realizaron igualmente, vulnerándose durante los trabajos los términos de la licencia urbanística concedida, abriendo nuevas pistas o accesos, realizado modificaciones sustanciales en las existentes y ejecutando plataformas para el establecimiento de los sondeos de extensión superior a la autorizada. En 2018 se inició procedimiento de 'restauración del orden urbanístico vulnerado' imponiendo la 'inmediata suspensión, paralización y precinto de las obras'. La empresa fue finalmente sancionada por infracción urbanística grave, debiendo abonar 26.500 de sanción tras perder una demanda contra la misma. Tampoco se cumplió lo establecido en el plan de restauración y estudio de impacto ambiental, motivando otra sanción por parte de la Junta de Extremadura.

Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa

Obstáculos acceso a información Obstáculos en la participación pública Ingeniería social Lawfare (persecución judicial)

La Administración ha vulnerado repetidamente los derechos de participación y acceso a la información ambiental. Entre otros defectos, los trámites iniciales de participación pública de los planes de restauración de los permisos de investigación fueron de apenas 15 días, lo que conllevó su anulación tras denuncias de colectivos ecologistas. Cuando el ayuntamiento colgó el proyecto en su página web, la empresa minera amenazó con denunciarlo y reclamar daños y perjuicios.

Por su parte, la empresa minera ha desplegado una intensa campaña de ingeniería social, recientemente mediante la Fundación Extremadura New Energies. Esta ha incluido el patrocinio de equipos deportivos, festivales de cine, la contratación de políticos locales, la elaboración de encuestas a medida, la instalación de grandes vallas publicitarias anunciando miles de empleos, la firma de convenios con entidades sociales, ofrecer formación a los futuros trabajadores de la mina, etc.

La empresa minera también ha emprendido o amenazado con emprender acciones legales (SLAPP) contra un periodista que divulgó una serie de mensajes en el foro de accionistas de la matriz australiana, en los que se sugería sobornar a políticos locales para eliminar los obstáculos urbanísticos.

Financiación pública

Financiación de la UE

La empresa minera firmó un memorando con EIT InnoEnergy, una entidad ligada a la UE, que aportaría 800 mil euros para la fase 1 del proyecto y facilitaría la obtención de hasta 300 millones de euros para las fases siguientes. También se integró en el proyecto Battchain, con el que un consorcio pretendía obtener 1.200 millones de euros de los fondos NEXT Generation EU.

Uso de mecanismos de denuncia

Quejas / recursos administrativos Mecanismos internacionales Denuncias penales

Diversos colectivos ambientales presentaron numerosos recursos contra las infracciones cometidas en el otorgamiento de los permisos de investigación, además de denuncias ante el ayuntamiento, Fiscalía y Junta de Extremadura. También se han personado en varios contenciosos iniciados por la empresa minera.

En el Parlamento Europeo diversas entidades registraron en 2017, 2018 y 2019 tres quejas a la Comisión de Peticiones. También se formularon preguntas en el Parlamento Europeo relativas a la financiación de la UE.

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Última actualización: 4.10.2023