Mina de Penouta
Mina abandonada en 1987 sin restauración, a pesar de ser estatal. Extinguidas las concesiones y la responsabilidad por los pasivos ambientales, se autorizó la explotación de las balsas de lodos ricos en metales como primer paso hacia una nueva mina a cielo abierto. Esta fue autorizada en 2022.
| Estado | Mina a cielo abierto en explotación | |
|---|---|---|
| Concesión | Xunta de Galicia OU/C/04880, OU/B/00061 | |
En 2013 se concedió una autorización para reprocesar balsas y escombreras de la mina abandonada, pero los trabajos no empezaron hasta 2018 y en 2020 se suspendió la actividad. Mientras tanto, la empresa estaba tramitando los permisos para una nueva mina a cielo abierto. Estos se concedieron en 2022. | ||
| Minerales | Nb Ta Sn CAU | |
| Empresa | Origen | Inicio | Fin |
| Centro Minero de Penouta S.A. | Spain | 1971 | 2009 |
| Altos Hornos de Vizcaya S.A. | Spain | 1971 | 1981 |
| Ruiz Mateos S.A. (RUMASA) | Spain | 1981 | 1983 |
| Minas de Almadén y Arrayanes S.A. (Mayasa) | 1983 | 2009 | |
| Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) | 1983 | 2009 | |
| Aproveitamento de Recursos Naturais de Galicia, S.L. | Spain | 2007 | 2012 |
| (Pacific) Strategic Minerals Spain, S.L. |
Spain | 2012 | |
| Strategic Minerals Europe Inc. | Canada | 2021 | 2022 |
| Strategic Minerals Europe Corp. | Canada | 2022 |
Históricamente la mina ha provocado la contaminación por metales pesados de los arroyos y ríos adyacentes, y todavía sigue haciéndolo. Los niveles de arsénico, cadmio, plomo y mercurio están por encima de los límites legales en varios arroyos (Treita de Cortiñas, Rego de Valdafranca y Rego dos Corvos), situados dentro de los límites de ZEC Pena Trevinca en Red Natura 2000. La Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha impuesto varias sanciones a la empresa minera desde que empezó su actividad en 2018.
En 1975 un fallo crítico de la presa de lodos produjo una catástrofe ambiental que también contaminó gravemente tierras agrícolas. Las balsas de lodos han provocado periódicamente incidentes de contaminación que han obligado a interrumpir el suministro de agua de consumo humano en la localidad de Viana do Bolo, el más reciente en 2020.
Tras el cierre de la mina en 1987, cuando estaba gestionada por el Gobierno, no se llevaron a cabo trabajos de restauración y en 1989 el emplazamiento quedó completamente abandonado, lo que provocó una continua contaminación por metales pesados. Aunque la autorización de 2013 para el aprovechamiento de los residuos mineros incluía disposiciones para restaurar la zona, no se realizaron avances significativos, ya que el objetivo de la empresa era reanudar las operaciones a cielo abierto.
La mina de Penouta englobaba originalmente 8 concesiones que a partir de 1983 pasaron a ser de titularidad del Estado. Una vez abandonada la actividad minera, el Estado no lleva a cabo ninguna restauración de la zona, desconociéndose el momento en el que se declara la caducidad de las concesiones. La antigua concesionaria, Centro Minero de Penouta S.A. fue disuelta por el Estado en 2009.
Extinguidas las responsabilidades ambientales por la antigua explotación, en 1998 se solicita la declaración de las balsas y escombreras como recursos de la sección B, para así aprovechar los minerales que todavía contenían. En 2012 se presenta un proyecto de aprovechamiento, emitiéndose en 2013 una DIA favorable y aprobándose el mismo mes el proyecto y plan de restauración. Tanto la DIA como el proyecto no contemplaban medidas para el tratamiento eficaz de los drenajes ácidos de mina, que continuaron contaminando los ríos próximos. La actividad bajo estos permisos se inicia en 2018.
En simultáneo, en 2007 se solicita un permiso de investigación (n.º 4880) sobre la misma zona de la mina y en 2020 se solicita su pase a concesión de explotación con un proyecto de mina a cielo abierto. En simultáneo, se presenta un proyecto de frentes piloto, con la que de hecho se reinicia la explotación a cielo abierto. En diciembre de 2021 se emite DIA favorable, y en mayo de 2022 se otorga concesión, aprobando el proyecto de explotación y plan de restauración.
A pesar de que diversas ONG ambientales alegaron frente al nuevo proyecto minero, particularmente en relación a los impactos sobre las aguas y la Red Natura 2000, estas no fueron consideradas en la DIA emitida en diciembre de 2021. Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil ha impedido el acceso y la personación de ONGs ambientales en relación a los expedientes sancionadores por vertidos iniciados contra la empresa minera.
La empresa tiene una política activa para mantener un opinión favorable a la mina. En 2016 firmó con el ayuntamiento de Viana do Bolo un convenio para agilizar los trámites necesarios para la explotación por el que Strategic Minerals se comprometía a la 'creación de un Aula de interpretación en la mina, dirigida a la realización de actividades culturales y/o sociales (visitas de colegios, institutos, asociaciones de vecinos, ancianos, etc...).' También ha aparecido como patrocinadora de fiestas populares.
Strategic Minerals es uno de los socios del proyecto Horizonte 2020 'Tarantula', financiado por la UE, que tenía como objetivo 'diseñar estrategias de comunicación, difusión y participación de la sociedad civil adaptadas a la obtención y el mantenimiento de la 'licencia social para operar' para el futuro procesamiento metalúrgico pesado'.
Strategic Minerals se ha beneficiado de fondos tanto nacionales como de la UE para instalar su mina de Penouta. Recibió directamente 320.750 euros del proyecto europeo Horizonte 2020 'Tarántula', mientras que la empresa vinculada Strategic Recycling and Smelting S.L. también recibió financiación. Junto con el CSIC y Krown Servicios, recibió una subvención de 1,7 millones de euros financiada con fondos FEDER de la que fue la principal beneficiaria.
La empresa ha sido denunciada por sus vertidos a la Red Natura 2000 ante la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, habiendo sido objeto de tres expedientes sancionadores previos por este tipo de vertidos. Por su parte, la propia Confederación Hidrográfica ha sido demandada judicialmente por impedir el acceso a expedientes sancionadores y denegar la personación de organizaciones ambientales en los mismos.