Mina Alberta I
Pontevedra | España
Proyecto de mina de litio tramitado sin someterse a evaluación de impacto ambiental e impidiendo la participación pública. La Administración ha mantenido el permiso de investigación vigente durante más de dos décadas, tras varios intentos de tramitar el proyecto minero. La empresa está en trámites para reactivarlo.
Ficha de proyecto
| Estado | Proyecto de mina subterránea / mina a cielo abierto | |
|---|---|---|
| Concesión | Xunta de Galicia OU/C/04966 | |
Se han producido varios intentos de aprobar proyectos de explotación en el permiso de investigación Alberta I. Los presentados en 2013-2014 y 2018-2022 indicaban 6 sectores a lo largo de 10 km (Presqueiras, Correa, Coto Tocayo, Acevedo, Rubillón y Taboazas), a explotar combinando minería a cielo abierto y subterránea. | ||
| Minerales | Li Ta Sn FSP SIO | |
Propietarios
| Empresa | Origen | Inicio | Fin |
| Desarrollo de Recursos Geologicos S.A. | Spain | 2002 | 2004 |
| Solid Mines España S.L.U. | Spain | 2004 | 2015 |
| Solid Resources Ltd. | Canada | 2004 | 2015 |
| Recursos Minerales de Galicia S.A. | Spain | 2015 | |
| S.A. Minera Catalano-Aragonesa (SAMCA) | Spain | 2015 |
Cartel de protesta contra el proyecto Alberta
Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración
Omisión de impactos en EIA/DIA Corrupción en infracciones administrativasEn 2018, la filial de SAMCA presentó un proyecto para convertir el permiso de investigación 'Alberta I' en una concesión de explotación minera, pero esto pretendía hacerse sin someter el proyecto a una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Con ello se buscaba agilizar el proceso y limitar las posibilidades de participación pública.
El proyecto presentado no abordaba cuestiones críticas relativas al drenaje de la mina y a la gestión de los residuos. También se presentaba como una fase inicial de un proyecto más amplio que incluiría una serie de minas subterráneas y a cielo abierto en las proximidades, fragmentando artificialmente los impactos y las verdaderas dimensiones del proyecto en su conjunto.
Las ONGs y las comunidades locales acusaron a los funcionarios actuantes de corrupción por permitir que el procedimiento continuara sin una EIA y por intentar impedir la participación de las ONGs en el procedimiento administrativo. Ante la posibilidad de acciones judiciales, el gobierno resolvió archivar el procedimiento utilizando como excusa un informe negativo de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.
La empresa recurrió la resolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pero después de que una ONG se personara como co-demandada en el procedimiento judicial llamando la atención sobre la omisión del trámite de EIA y otras irregularidades, la empresa retiró su demanda. Actualmente se está preparando un nuevo proyecto para su tramitación.
El permiso de investigación se ha mantenido en vigor durante 20 años, aunque debería haberse declarado su caducidad. Varios colectivos y comunidades locales han exigido que se declare caducado el permiso.
Protesta en la zona del proyecto Alberta
Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa
Obstáculos acceso a información Obstáculos en la participación pública Obstáculos acceso justicia Ataques contra comunidades o activistasSi bien la ausencia de un procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de por si restringió gravemente las opciones de participación pública, la Administración limitó todavía más la participación al negar el derecho de las ONG ambientales a personarse en el procedimiento de autorización de la mina. La Administración también intentó impedir que una ONG ambiental pudiese intervenir como codemandada ante el Tribunal denegando inicialmente su solicitud de asistencia jurídica gratuita.
Dado que el procedimiento tuvo lugar durante la pandemia de Covid-19, las reuniones públicas estivieron considerablemente restringidas y las autoridades utilizaron las restricciones para intentar coartar a la oposición al proyecto minero. Se intentó usar a la Guardia Civil para disolver reuniones y se impusieron multas contra portavoces del movimiento de oposición a la mina.
Uso de mecanismos de denuncia
Quejas / recursos administrativos Mecanismos internacionalesDurante el procedimiento adminitrativo de pase a concesión se presentaron unas 100 alegaciones, entre ellas las de 20 colectivos y comunidades de montes vecinales, en las que se advertía de la necesidad de someter el proyecto a una evaluación de impacto ambiental. Todas las alegaciones en este sentido fueron ignoradas.
La misma administración denegó a las ONGs ambientales su derecho a personarse en el procedimiento, pero una de ellas pudo finalmente comparecer como codemandada en el recurso contencioso-administrativo presentado por la empresa minera contra la resolución del gobierno de arquivar el procedimiento de autorización. Esto llevó a que la empresa retirarase su demanda antes de dictarse sentencia.
Paralelamente, las comunidades de montes vecinales en mano común iniciaron acciones judiciales para obligar a la Administración a declarar la caducidad de un permiso de investigación que se había otorgado 20 años atrás.
Fueron formuladas varias preguntas parlamentarias ante los parlamentos gallego, español y europeo y una ONG ambiental presentó también una petición ante el Parlamento Europeo, que decidió archivarla.
Última actualización: 15.11.2022