¿Qué tienen en común la mina de oro de El Valle, en Asturias, la de cobre de Las Cruces, en Andalucía, de carbón de El Feixolín, en León, o la de volframio de San Finx, en Galicia? Todas han sido o están siendo objeto de procedimientos penales por diversos delitos, contra el medio ambiente o por corrupción, y se encuentran entre los primeros casos documentados por el Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) que acaba de lanzar la versión beta de su página web.
No obstante, estos casos representan apenas la punta del iceberg de centenas de casos que se han venido denunciando desde hace años y que ahora serán documentados y expuestos como parte de esta iniciativa de ciudadanía ambiental puesta en marcha por varios colectivos ambientales con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y la Agenda 2030.
En el portal MINOB se recopilan por primera vez observaciones georreferenciadas de las vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causados por la industria extractiva en toda la geografía peninsular, haciendo públicas las evidencias existentes sobre cada uno de ellos. En los próximos meses se harán públicos los 100 primeros casos, entre los que se incluyen ya diversos ejemplos de Andalucía, Aragón, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia.
La intención es que este proyecto colaborativo pueda contribuir a las funciones de inspección y control de las administraciones públicas, así como a un mejor conocimiento sobre los impactos causados por la minería por parte de las instituciones, los medios de comunicación, los movimientos sociales y las comunidades locales afectadas. De hecho, el portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas, facilitando así el ejercicio y la defensa de los derechos ambientales y a mitigar las asimetrías existentes entre las comunidades afectadas y el sector minero.