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Balsas de lodos de Riotinto Ecologistas en Acción

Minas de Riotinto

Huelva | España


Las minas de Riotinto se han explotado intensamente durante los últimos 150 años, agotando muchos depósitos y contaminando gravemente los ríos Tinto y Odiel. Las operaciones actuales se centran en el yacimiento de Cerro Colorado, que ha generado enormes balsas de residuos mineros con más de 500 hectáreas de extensión y con un importante riesgo de rotura.


Ficha de proyecto

 Estado Mina a cielo abierto en explotación
 Concesión Junta de Andalucía 843, etc.

La explotación ha sido ininterrumpida desde el s. XIX hasta 2001. En 2015 se reabrió la mina con un nuevo proyecto, cuya primera fase concluyó en 2021. En la actualidad, se está tramitando la autorización de una segunda fase, condicionada a la autorización de recrecimiento de las balsas de residuos mineros.


 Minerales Ag Au Cu

En Cerro Colorado se instaló una planta para obtener oro y plata a partir del procesado del gossan (montera de hierro).


Balsas de lodos de Riotinto

Balsas de lodos de Riotinto Ecologistas en Acción

Infracciones ambientales

Contaminación cauces Contaminación de las aguas costeras Drenaje ácido de minas (AMD) Contaminación de suelos Contaminación atmosférica Contaminación por ruido/vibración Impactos en la agricultura/pesca Disponibilidad / consumo de agua Mala gestión depósitos de residuos Falta de restauración Impactos en zonas/especies/hábitats protegidos Impactos en Red Natura 2000 Impactos en la salud humana

La actividad minera en las minas de Riotinto y otras minas próximas han causado un desastre ambiental a gran escala, comprometiendo toda la cuenca de los ríos Tinto y Odiel. A pesar de su modesto caudal, estos dos ríos contribuyen con el 37% del zinc y el 15% del cobre aportado por todos los ríos del mundo a los mares y océanos del planeta. En buena parte de sus cauces tan sólo pueden sobrevivir organismos extremófilos y el grado de contaminación compromete la disponibilidad de agua para consumo humano y regadío, dañando gravemente toda la ría de Huelva.

Actualmente, el principal riesgo ambiental que presenta la operación minera es el altísimo riesgo de rotura de las balsas de residuos mineros (Gossan, Cobre y Aguzadera) que ocupan 580 hectáreas, construidos en diferentes fases desde 1969 hasta la actualidad. Un informe técnico ha concluido que la probabilidad de rotura catastrófica de las balsas por un episodio de licuefacción llegaba al 95% en un periodo de 19 años, si no se tomaban medidas urgentes.

Cobre tiene un muro de 2.126 metros de coronación y 90 metros de altura sobre el cauce de un arroyo. Aguzadera tiene 2.169 metros de muro de coronación y 104 metros de altura sobre el cauce de otro arroyo. Las tres secciones están en cascada, y construidas por el sistema de “aguas arriba”, acumulando más de 200 millones de toneladas de lodos.

En caso de falla por licuefacción, se arrastrarían lodos por todo el cauce del Odiel hasta sus Marismas y desembocadura en el Atlántico a través de la Ría de Huelva, en las proximidades del Parque Nacional de Doñana.

Desde el reinicio de la actividad en 2015 se impuso como condición el espesamiento de los lodos hasta un 50% de contenido sólido antes del vertido, para garantizar la estabilidad de las balsas. Esa condición nunca se ha cumplido, vertiéndose lodos con un contenido sólido de apenas un 35% y sin haberse construido la planta de espesamiento.

En julio de 2020 la Junta de Andalucía modificó las autorizaciones para eximir a la mina del cumplimiento de esa condición y actualmente se está tramitando un recrecimiento de 42 metros de los muros de la balsas, para albergar otros 161 millones de toneladas de residuos en forma lodos, al menos hasta 2031.

La población próxima a la mina ha denunciado los daños por vibraciones en las viviendas y la contaminación atmosférica por nubes de polvo con valores medios de cobre, zinc y arsénico, hasta diez veces en relación a otras poblaciones, lo que ha llevado a una denuncia penal por parte de la Fiscalía.

 Corta de Cerro Colorado

Corta de Cerro Colorado Ecologistas en Acción

Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración

Ausencia de EIA (o EIA transfronteriza) Plan de restauración inadecuado Falta de garantías financieras

El reinicio de la actividad minera en 2015 tuvo el amparo de una Autorización Ambiental Unificada (AAU) en 2014, que fue anulada, junto con la autorización de reinicio, mediante sendas sentencias firmes del TSJ de Andalucía de septiembre de 2018 y abril de 2019, por no someter a participación pública documentos ambientales cruciales.

En mayo de 2020, tras un nuevo periodo de información pública, la Junta de Andalucía vuelve a otorgar una AAU idéntica a la de 2014, pero incumpliendo la Directiva 2014/52/UE que establece la obligación de realizar una evaluación de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, y sin realizar tampoco el Plan Especial para la ordenación del territorio sobre las 1.939 hectáreas ocupadas en los términos municipales de Minas de Ritinto, El Campillo y Nerva. También se omitió la obligada Evaluación Ambiental Estratégica de ese Plan Especial.

 Drenajes ácidos en el río Tintillo, aguas abajo de la Corta Atalaya

Drenajes ácidos en el río Tintillo, aguas abajo de la Corta Atalaya Ecologistas en Acción

Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa

Obstáculos en la participación pública Ingeniería social

Desde 2014, las tramitaciones de autorizaciones ambientales han limitado o imposibilitado la participación pública, llevando a su anulación mediante sentencias firmes del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Los esfuerzos de ingeniería social de Atalaya Mining se canalizan a través de la Fundación Atalaya Riotinto, que financia equipos deportivos locales, organizaciones benéficas y ayuntamientos. Atalaya también ofrece charlas y materiales a favor de la minería en las los colegios de la comarca y organiza visitas de escolares a la mina.

Paralelamente, la Fundación Río Tinto (creada por la antigua empresa minera en 1987) y las autoridades locales han creado un Parque Temático de la Minería, que promueve una visión positiva sobre la minería y resta importancia a sus impactos sociales y ambientales, argumentando un supuesto fondo natural de metales.

Atalaya Mining participó en el proyecto europeo INFACT (Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) del programa Horizonte 2020 que abordaba la aceptabilidad social de la minería.

 Evidencia de saturación en la balsa de lodos mineros

Evidencia de saturación en la balsa de lodos mineros Ecologistas en Acción

Condiciones de trabajo y derechos laborales

Malas condiciones de trabajo

Actualmente, Atalaya subcontrata la carga y descarga de mineral y el mantenimiento de las escolleras a una empresa de transportes, cuyos trabajadores han denunciado las carencias de seguridad y convocado protestas denunciando la situación. Los accidentes laborales han sido frecuentes, incluyendo un accidente mortal en 2018.

Financiación pública

Financiación de la UE Financiación nacional

Atalaya Mining recibió en 2014 una subvención de 8,8 millones de € del Gobierno autonómico andaluz para reabrir la mina Riotinto, procedentes de fondos europeos gestionados por la Agencia IDEA.

Atalaya Mining recibió fondos europeos del programa Horizonte 2020 a través del proyecto INFACT (Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) que abordaba la aceptabilidad social de la minería.

Uso de mecanismos de denuncia

Quejas / recursos administrativos Denuncias penales

En 2012, tras varias denuncias ecologistas, se impusieron multas a la entonces concesionaria minera de 1,8 millones de euros por los daños causados por los vertidos tóxicos al río Agrio, afluente del Odiel. Los entonces directivos se enfrentan a varios procesos penales por presuntos delitos de falsificación documental, fraude y estafa procesal, entre otros.

Con la reactivación de la mina en 2015, las autorizaciones fueron impugnadas en vía contencioso-administrativa, resultando su anulación mediante sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo.

Actualmente se siguen procedimientos judiciales contra las autorizaciones ambientales unificadas de 2018 y 2020 (incluyendo la que permitió eximir la mina del espesamiento de lodos) y contra todas las autorizaciones mineras, incluyendo las que permitieron el recrecimiento de las balsas de lodos.

En los últimos años, la Fiscalía ha interpuesto diversas denuncias contra la empresa minera por contaminación atmosférica tras las quejas de la población local afectada.