Mina Los Frailes

Seville | España

Tras la catástrofe (anunciada) de la rotura de la balsa de lodos tóxicos en 1998, la mina cerró en 2001. En febrero de 2015 se adjudicó al consorcio Minorbis-Grupo México, mediante un concurso minero fraudulento, la concesión minera para la reapertura de la Mina de Los Frailes.

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Ficha de proyecto

Propietarios

Empresa	Origen	Inicio	Fin
Société minière et métallurgique de Peñarroya	France	1952	1960
Andaluza de Piritas, S.A.	Spain	1960	1987
Boliden Apirsa, S.L.	Spain	1987	2015
Boliden AB	Sweden	1987	2015
Minera Los Frailes S.L.U. (disputed)	Spain	2015
Grupo México S.A. de C.V. (disputed)	Mexico	2015
MAGTEL Operaciones S.L.U (disputed)	España	2015
Emerita Resources Corp. (disputed)	Canada	2015

Vertido minero de 1998 sobre el río Guadiamar CSIC

Infracciones ambientales

Contaminación cauces Contaminación aguas subterráneas Drenaje ácido de minas (AMD) Contaminación de suelos Impactos en la agricultura/pesca Disponibilidad / consumo de agua Mala gestión depósitos de residuos Falta de restauración Impactos en zonas/especies/hábitats protegidos Impactos en Red Natura 2000

La falla crítica de la balsa de residuos en abril de 1998 implicó un vertido tóxico en el río Guadiamar, causando el mayor desastre ambiental en el Estado español y poniendo en riesgo el Parque Nacional de Doñana. Más de 4.600 hectáreas se vieron directamente afectadas por los 6 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos vertidos, con alto contenido en arsénico, cobalto, cromo, cobre, mercurio, manganeso, níquel, plomo, estaño, uranio y zinc, y con residuos del polo químico de Huelva (fundamentalmente ácidos débiles), que habían sido depositados ilegalmente en la balsa minera durante los años anteriores.

Los lodos fueron retirados del río Guadiamar y depositados en la corta Aznalcóllar, donde siguen acumulados desde entonces, a pesar del riesgo de contaminación de aguas subterráneas y de desplome de taludes.

Tras la huida de Boliden en 2001, se hizo cargo de la mina la Junta de Andalucía a través de la empresa pública de gestión medioambiental EGMASA, pero nunca se han reiniciado las labores extractivas ni productivas, sino que mantuvieron exclusivamente en funcionamiento los sistemas elementales para intentar minimizar la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, así como ejecutar la clausura, sellado y reconducción de los drenajes ácidos de la balsa siniestrada. En 2013 dejaron de funcionar los sistemas de depuración y volvieron a producirse episodios de contaminación en la cuenca del Guadiamar, lo que sirvió como excusa para justificar la convocatoria del concurso minero para la reprivatización y reapertura de la actividad minera.

En 2015 se proyecta una nueva explotación subterránea, que afecta al ZEC Corredor Ecológico del Río Guadiamar y al ZEC Bajo Guadalquivir, e incumple los objetivos medioambientales de la masa de aguas subterráneas de Gerena (acogiéndose a la excepción del artículo 4.7 de la Directiva Marco de Aguas mediante una declaración de Interés Público Superior).

El nuevo proyecto va a utilizar la corta Aznalcóllar como depósito para los nuevos lodos que se generen, que se añadirán a los millones de toneladas de lodos tóxicos almacenados desde 1998, lo que perpetuará la ausencia de restauración y contaminación del acuífero de Gerena.

Corta Aznalcóllar Ecologistas en Acción

Autorizaciones, evaluación de impacto y restauración

Operación o permisos ilegales Ausencia de EIA (o EIA transfronteriza) Corrupción en infracciones administrativas

En junio de 1995, se otorgó una DIA favorable para la apertura de la nueva corta minera de Los Frailes, implicando el recrecimiento de la balsa de lodos para albergar los nuevos residuos mineros. La DIA se otorga en contra de las advertencias de los grupos ecologistas  y a pesar de las filtraciones y deficiencias estructurales de la balsa.

En noviembre de 1995 un ingeniero de minas de Boliden presenta denuncia e informe técnico alertando sobre el incremento de las filtraciones que contaminaban la cuenca del Guadiamar y del grave riesgo de rotura de la balsa. Las denuncias fueron ignoradas, también a las instancias judiciales, llevando al desastre de 1998.

En 2015, tras la adjudicación apresurada y fraudulenta del concurso minero, asume la gestión de la mina la empresa Minera Los Frailes (controlada mayoritariamente por Grupo Mexico), iniciando labores de investigación y proyectando una explotación subterránea. Una empresa rival canadiense, Emerita Resources, continúa en un litigio sobre la legalidad del concurso.

El nuevo proyecto de minería subterránea implica vaciar la corta de Los Frailes que actualmente contiene 14 Hm3 de aguas ácidas. En 2017 presentó una propuesta para verterlas durante 1,5 años en el ZEC Corredor Ecológico del Río Guadiamar, denegada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Actualmente tramita esa autorización de vertido al ZEC Bajo Guadalquivir, mediante una tubería de 30 km desde la planta de beneficio hasta Santiponce (Sevilla), que vertería continuamente durante los 17 años de la explotación subterránea, con un volumen de 4,38 Hm3/año con elevadas concentraciones de cadmio, plomo, mercurio, níquel, arsénico, selenio y otros metales.

No se ha tramitado la obligada Autorización Ambiental Integrada para la planta de beneficio. Tampoco se ha realizado un Estudio de Impacto Ambiental que analice los efectos del vertido contaminante en el estuario del Guadalquivir, incluidos los arrozales de las marismas aguas abajo del vertido, ni los efectos en la pesca.

Corta Los Frailes Ecologistas en Acción

Derechos civiles y contrainsurgencia corporativa

Expropiaciones o ocupaciones Ingeniería social

Directivos de Minera Los Frailes desarrollan labores de ingeniería social en los centros educativos del municipio, dando charlas (acompañados por el alcalde) y repartiendo materiales que presentan una imagen favorable de la minería en los colegios e instituto.

El recinto minero ocupa 2.182 hectáreas en los municipios de Aznalcóllar y Sanlúcar la Mayor de la provincia de Sevilla, de las que 170 hectáreas son del monte público 'Dehesa del Perro', de considerable valor ambiental.

Corta Aznalcóllar Ecologistas en Acción

Financiación pública

Financiación de la UE Financiación nacional

En 1994 se aprobó una subvención a fondo perdido del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía del 20% de los 189 millones de euros que Boliden Apirsa pretendía invertir para poner en marcha la nueva corta de Los Frailes, a cambio del mantenimiento de 420 puestos de trabajo. Esa subvención debería haber servido también para garantizar la seguridad y estabilidad de la balsa de lodos, o para la construcción de una nueva, dados los riesgos estructurales. Cuando se rompió la balsa ya había recibido más de 18 millones de euros y siguió cobrando parte de esas ayudas hasta pocos días antes de declararse en quiebra en 2001.

A partir de 2015, Minera Los Frailes continuó recibiendo fondos públicos, a pesar de carecer de autorizaciones, incluyendo subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y de la Comisión Europea, incluso liderando en 2022 el proyecto europeo REECOVERY.

Uso de mecanismos de denuncia

Quejas / recursos administrativos Denuncias penales

Ninguno de los procesos judiciales iniciados tras la catástrofe de 1998 concluyó con ninguna sentencia condenatoria. Actualmente todavía está pendiente una reclamación civil de la Junta de Andalucía a Boliden de 89,8 millones €.

Tras el concurso minero para la adjudicación de los derechos para la reapertura, la empresa competidora Emerita Resources presentó denuncia penal, personándose también Ecologistas en Acción. Se abre una investigación donde son finalmente acusadas 16 personas, incluyendo 14 funcionarios y autoridades de la Junta de Andalucía y 2 empresarios, por presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación, fraude, negociación ilegal y prevaricación ambiental.

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Última actualización: 6.10.2023